La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo de la ley a una persona indígena contra la falta de capacidad de un defensor de oficio durante su proceso penal,
En sesión remota, las ministras y ministro de la Corte resolvieron que la credencial oficial o gafete institucional de un defensor, no acreditan la calidad profesional ni la garantía de la defensa adecuada de un imputado.
De esta forma, el máximo tribunal resolvió la demanda de amparo en la que el demandante sostuvo que se violó su derecho de defensa adecuada, porque quien lo asistió en su declaración preparatoria y que dijo ser defensor de oficio, no tenía en ese momento la calidad de licenciado en derecho.
Su solicitud de amparo había sido rechazada por tribunal que conoció el caso, pero la Corte revocó la sentencia por considerar que la identificación oficial, es insuficiente para demostrar que el acreditado sea licenciado en derecho y cuente con la capacidad jurídica para asesorar y representar adecuadamente los intereses del imputado en un proceso penal.