La minuta aprobada en el Senado, para la reforma del Poder Judicial, es una oportunidad histórica para saldar la deuda pendiente en materia de impartición de justicia, abatir los altos índices de impunidad, actualmente en más del 96%, y acotar la invasión de facultades entre los tres Poderes de la Unión
Así lo externaron en sus intervenciones magistrados, diputadas, diputados y especialistas durante el parlamento abierto virtual para el “Análisis de la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política relativos al Poder Judicial de la Federación” en la Cámara de Diputados.
La minuta del documento que plantea cambios a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución representa una reforma profunda a la organización del poder judicial de la federación y es una asignatura pendiente con el pueblo de México, para dejar a tras el lugar 60 de 69 naciones que el país ocupa en el índice global de impunidad”, dijo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavés.
Los ejes temáticos de la minuta enviada por el Senado, que serán analizados este martes en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de justicia de la Cámara Baja, son: fortalecer a la suprema corte de justicia e impedir que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente les señala la Constitución.
Además de combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones.
En turno, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, señaló que una demanda unánime de “nuestro tiempo es la exigencia de justicia.
Afirmó que el dictamen ayudará a resolver situaciones urgentes que se deben atender, como el nepotismo y la corrupción, así como armonizar el marco normativo del Poder Judicial de la Federación.
La diputada Tatiana Clouthier celebró que se escuchen las opiniones para tener una propuesta más robustecida que beneficie a la población que exige justicia.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, indicó que la reforma va en la dirección correcta, pero deja de lado la necesidad de modificar el nombramiento de ministros.