Con 319 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales destinadas a apuntalar el Poder Judicial.
Estos cambios establecen el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional, consolida la carrera judicial, crea una escuela judicial y mejora el sistema de defensoría pública.
Al presentar la minuta, la morenista, Aleida Alavez, destacó que desde 1994 no se llevaba a cabo una reforma al Sistema Judicial en México.
“Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se accederá mediante concurso de oposición, limitación a la discrecionalidad en el nombramiento de jueces y magistrados; establecimiento de política que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura en materia de adscripciones, readscripciones e incorporación y ratificación de juzgadores; reforzamiento de las facultades generales del combate a la corrupción y al nepotismo”, indicó Aleida Alavez.
La minuta tuvo el respaldo de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), Verde Ecologista de México (PVEM), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).
Restablecer de manera expresa la facultad de los órganos para interponer controversia constitucional, y que no sea ya como ha ocurrido, por interpretación que el Pleno, la Corte o las salas realizan para tenerlos como sujetos legitimados del ejercicio de este medio de control constitucional”, señaló Ana Ruth García, diputada del PT.
“Rescatamos puntos específicos que nos parecen muy favorables, se eleva a nivel constitucional el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género”, señaló Enrique Ochoa RezA, del PRI.
En contraparte, los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), la calificaron de inconstitucional y antifederalista.
Es muy preocupante para nuestra fracción parlamentaria el cómo se debilita la facultad de los estados y los municipios para que puedan acudir a la controversia constitucional. Se limita, hoy que se encuentra en el ojo del huracán, una visión centralista del ejercicio del poder a nivel federal”, expresó Juan Carlos Villareal, de MC.
“También, el establecimiento de tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. De entrada, más burocracia, más gastos administrativos y no mayor calidad en las sentencias”, indicó Mariana Dunyaska García, del PAN.
Una vez que 17 de los 32 congresos locales la aprueben se declarará la constitucionalidad de la reforma y podrá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.