En Nicaragua, el Poder Judicial ordenó retirar el secreto bancario, congelar cuentas y entregar al gobierno información financiera y fiscal de trece empresarios, presuntamente vinculados a un supuesto complot de la oposición.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, los investiga por lavado de dinero, como parte de la operación del régimen que ha detenido a catorce opositores políticos, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales.
También investiga a trece medios locales de comunicación.