El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó un informe sobre el impacto a dos años de la creación de la Guardia Nacional y advierte de los riesgos por un modelo de militarización.
Desde los años 90 la participación del Ejército se aplicó y tomó tareas policiales y civiles. Bajo el argumento de mantener una “seguridad interior” controlada por las fuerzas castrenses, en el año 2007 se desplegó abiertamente un frente militar que tomaría las tareas de seguridad pública pero no estaría sometida a los procesos civiles sino militares.
Durante dos sexenios se buscó legislar las acciones militares contra la población civil por medio de la controversial “Ley de Seguridad Interior”. El mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó esa legislación, se lanzó el proyecto para la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo policial que inició con más de 100 mil efectivos.
En el documento “La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” señalan que a pesar de estar dentro de un mando civil, que es la Secretaría de Seguridad Pública, su marco jurídico y operativo pertenece al fuero militar y no civil.
De acuerdo con el reporte, en los registros de la corporación no se encontró ni un caso de uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los investigadores encontraron que hay 33 denuncias o quejas por el uso excesivo de la fuerza.
La opacidad de las instituciones castrenses abre paso a graves violaciones de derechos humanos.
Con respecto a los informes de la Guardia Nacional, señalan que, del 30 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021, sus elementos han asesinado a 94 personas. Sumado a esto, indica que las instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos resalta por su ausencia.
Tanto la CNDH, como la FGR, continúan dando muestras de autoinhibición cuando se trata de investigar a los castrenses. En el caso de la ombudsman nacional, en respuesta a solicitud de información formulada por el Centro Prodh, aceptó haber iniciado -hasta marzo de 2021- 451 expedientes por quejas contra la Guardia Nacional, habiendo emitido sólo una recomendación”, indicó.
La experiencia mexicana muestra que incluso, en determinadas circunstancias, el despliegue militar puede ser en sí mismo causa de que la violencia aumente.
“De acuerdo con la información disponible, la violencia en México no ha disminuido en los primeros tres años de la nueva administración, si bien es cierto que se contuvo el crecimiento exponencial con que cerró la administración anterior, respecto de los homicidios. En este contexto, no puede descartarse que la militarización de la seguridad pública sea, en sí misma, un factor que contribuya a la continuidad de la violencia y a la incapacidad del Estado mexicano de reducir los índices delictivos”, precisa el Centro Prodh.