En Perú continúa la batalla legal, en la que se pretende vincular al presidente Pedro Castillo en una investigación por corrupción.
La denuncia se sustenta en que las diversas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López Arredondo y el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra, según información oficial de aquella nación.
El mandatario emplazó a la fiscalía a que le fije una fecha para su declaración, pero además solicitó que se separe del caso al fiscal adjunto, Luis Alberto Medina, por filtrar información sobre el allanamiento al palacio de Gobierno del país sudamericano.
La defensa del presidente Castillo solicitará también la separación de Norah Córdova, la fiscal que investiga el caso, por su abierta parcialidad y prejuicios, y por su afinidad política con la opositora Keiko Fujimori.
En el escrito, el procurador general del Estado señala una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, despacho en el que también es investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo.