En marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció una de las alternativas que se mostraba sobradamente apetecible frente a la postal de una inesperada pandemia sin fecha de caducidad: los usuarios podrían “congelar sus créditos bancarios desde cuatro y, de ser necesario, hasta seis meses debido a las complicaciones financieras provocadas por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus”. Lo que quedó en “letra pequeña” fue el efecto que causaría dicha tregua crediticia.
“Pedí un préstamo a Banamex en 2019. Ya en 2020, y llegada la pandemia por COVID-19, mi hermana tuvo una urgencia personal. Por mi situación de jubilada, y buen historial crediticio, me otorgaron los 50 mil pesos que había pedido. Después la solicitud fue por 32 mil pesos. En total, la deuda se había convertido en 230 mil pesos que de inmediato tuvimos que sujetar al apoyo anunciado por la CNBV: tomaríamos la prórroga de cuatro meses para no sentirnos tan afectadas”, explica Any, maestra retirada.
Cuando la CNBV anunció las prórrogas de cuatro y hasta seis meses para pago de adeudos, fue clara: aplicaría “a los créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, tales como: crédito automotriz, créditos personales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito; así como para los créditos comerciales dirigidos a personas morales o personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, incluidos los agropecuarios”. El de Any era un crédito personal. Cumplía con la regla principal.