El Congreso de la LX Legislatura de Puebla continúo con el Parlamento Abierto, para seguir con el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El eje temático que se convocó para este día fue “Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género”.
En el foro estuvieron presentes las diputadas Estefanía Rodríguez (Morena), Mónica Rodríguez (PAN), Guadalupe Muciño (PT), Mónica Lara (PT) y María del Carmen Cabrera (PT). La diputada Rocío García Olmedo (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, fue moderadora del evento.
Según con lo acordado en el calendario, el Congreso convocó a seguir con el Parlamento Abierto, para conocer las discusiones en torno a la criminalización de las mujeres en el contexto para la despenalización del aborto en la entidad.
Durante la discusión se enfatizó que en Puebla el aborto está condicionado por su código penal que dicta en el Capítulo Decimoquinto ‘Delitos contra la vida y la integridad corporal’, en la sección octava:
- El código penal de Puebla castiga, según lo estipulado en el art. 340, con penas que van de 1 a 3 años de prisión a quien haga abortar a una mujer, si lo hace con el consentimiento de ella. Sin el consentimiento las penas van de 3 a 6 años y con violencia (física o moral) de 6 a 8 años.
- El art. 341 refiere que, al médico, cirujano o partera, que incurra en una aborto, además de las penas anteriores, serán suspendidos de 2 a 5 años en su profesión y oficio.
Sin embargo, cabe señalar que en el art. 342 se menciona que la pena va de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente aborte o consienta en que otro la haga abortar, si concurren las tres circunstancias siguientes: I.- Que no tenga mala fama; II.-Que haya logrado ocultar su embarazo; III.- Que éste no sea fruto de matrimonio. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrán de uno a cinco años de prisión.
El art. 343 refiere a las causas no sancionables: por motivos de violación, sólo por imprudencia de la mujer embarazada, si su vida corre peligro a juicio médico o por causas eugenésicas graves.
Cabe señalar que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional, en el número de mujeres que recurren a la interrupción legal del embarazo (ILE) en Ciudad de México.
Erika Yamada (Equidad de género, ciudadanía trabajo y familia A.C) resaltó en su participación que la despenalización del aborto en la entidad ayudaría a dejar de criminalizar a las mujeres, “ya que existe una lamentable discriminación jurídica, condicionado por los códigos penales de cada Estado. Cuando hay emergencias obstétricas, en vez de auxiliar, se denuncian y no todas tienen los recursos para pagar la fianza. Además, se criminaliza a los médicos”. La activista señaló que se necesita garantizar la atención pública y de salud. Señaló que: La OMS ha publicado protocolos para hacerlo en casa, y diversos colectivos facilitan la información y se da acompañamiento solidario; también se criminaliza a quienes proveemos la información. El aborto siempre ha existido y existirá, es común y es invisibilizada es un asunto de justicia social y derechos humanos. Los derechos no deben consultarse o discutirse deben garantizarse.
Marisol Calva (secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento ciudadano) señaló que las mujeres tienen legítimo derecho sobre sus cuerpos y que resulta inaceptable que un Estado invierta recursos en criminalizar a las mujeres: “no podemos permitir que haya legislaciones arcaicas. Señaló que las mujeres que han sido acusadas no ha sido por aborto sino como homicidio en razón de parentesco o infanticidio. Se impone una visión sobre las mujeres de que la maternidad es obligatoria, aunque atenta contra los derechos humanos. La abogada señaló que la iniciativa busca cambiar la redacción de leyes criminalizadoras (y arcaicas) y del Código penal, para combatir la estigmatización de las mujeres.
Modificar la ley para romper con estereotipos sociales y discriminación, para transitar contra un sistema patriarcal,” enfatizó.
Por su parte, la Dra. Diana Cristal González, cuya participación en contra del aborto, resaltó que no es la solución ni tampoco un derecho humano:
El aborto libre no tiene fundamento, no tiene razón jurídica”
Sin embargo, coincidió con otras participantes a favor de la legalización que otro de los problemas es el acceso a la justicia, por lo que propuso la capacitación de Ministerios Públicos con perspectiva de género, más personal capacitado, jueces que den tratos dignos y no revictimizantes; además dijo que hacen falta asesores jurídicos que asesoren a mujeres y niñas víctimas de delitos.
Las discusiones prosiguen el día de mañana por las redes del Congreso de Puebla.
#EnVivo | Parlamento Abierto: “Criminalización de las Mujeres: Una Aproximación desde la Igualdad de Género” https://t.co/SUqmJtT9mw
— H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) April 12, 2021