En el “Observatorio Libres para Elegir” presentaron sus conclusiones sobre el ejercicio del voto anticipado en prisión.
El modelo de votaciones contempla tres momentos fundamentales. El primero es el momento preparatorio que confirmó la lista de electores votantes en prisión preventiva. Después llegó la votación anticipada que fue del 17 al 21 de mayo y el proceso concluirá con las mesas de escrutinio y cómputo que se llevarán a cabo el 6 de junio.
Los cinco centros penitenciarios fueron elegidos por cada circunscripción en la que está dividido el país. Se pensó para que tuviera una perspectiva intercultural, por eso se eligió el Cefereso 15 en Chiapas, y también con perspectiva de género por lo que participó el Cefereso femenil 16 en Morelos, el único centro federal femenil que hay en el país.
La lista nominal partió de una base preliminar que los centros penitenciarios mandaron al INE. Al corte de finales de febrero en la lista se incluyeron 2 mil 699 personas que tenían la intención de manifestar su voto, 460 mujeres y 2 mil 239 hombres”, explicó Valentina Lloret, del Centro de estudios y Acción por la justicia social (CEA).
Las personas privadas de la libertad tenían que manifestar que querían solicitar su voto en un documento que mandó el INE. En total se recibieron 2 mil 200 solicitudes, “lo que indica una alta intención del voto”.
A esas peticiones se les hizo una revisión para ver si estas personas están en el padrón electoral, ya que este proceso no contempla la credencialización del votante.
En el siguiente paso fue verificar las fotos de las solicitudes y las del padrón y en cinco casos no concordaron, así que fueron improcedentes.
Al final de los filtros obtuvo una lista de 949 personas que fueron las hicieron el voto anticipado, 148 mujeres y 801 hombres. Campeche y Yucatán no presentaron padrón de personas en prisión preventiva”, señaló Valentina Lloret.
Datos de la Tercera Visitaduría reportaron que, en cuatro centros, la votación terminó el 18 de mayo, en el caso de Sonora concluyó hasta el 19.
En total, fueron 796 las personas que presentaron su voto desde la prisión preventiva, por lo que se “destacó el interés por participar en la votación”.
No fue posible que las organizaciones observaran el proceso, sin embargo, mencionó sobre la observación de la CNDH, las cueles afirmaron que no se tuvo contacto, antes, durante y después de las votaciones. Tampoco se presentó ningún incidente y se llevó con la seguridad debida”, precisó Sofía González, de Documenta A.C.
También afirmó que buscarán la forma de entrevistar a las personas que participaron en este proceso. Ya que consideraron que es importante conocer de viva voz cómo fue este ejercicio electoral.
“El papel de la CNDH es fundamental pero no es suficiente para garantizar la observación electoral de cara a los ejercicios que vienen ya que el espacio penitenciario es conocido por su opacidad y poca transparencia. Se conocen dinámicas de corrupción y las condiciones violatorias de derechos humanos de estas personas”, remarcó Sofía González.
Apuntó que es necesaria la participación de organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que puedan ser parte de este ejercicio, con el propósito de tener total transparencia para las próximas elecciones de 2024, ya que se tiene que tener en cuenta que más de 90 mil personas están en prisión preventiva y forman parte del electorado activo en el país.
Se necesita que la autoridad electoral, penitenciaria y partidos políticos generen mecanismos para llevar datos certeros a las personas que van a ejercer su voto en prisión preventiva, porque pudieron llegar a la conclusión de que la información de las persona privadas de la libertad fue insuficiente”, declaró Carlos Dorantes, de Artículo 19.
También, señaló que los votantes en prisión “recibieron la información junto con la boleta, lo que quiere decir que se informaron al momento de ejercer el voto y no de manera oportuna”.
Destacó que no es verificable la información, porque no hay acceso a datos que permitan corroborar lo que está en el sobre que reciben los votantes. Añadió que carece de un enfoque intercultural, ya que no se toma en cuenta a personas que no sepan leer, que no hablen español, o con discapacidad de la vista.
Viridiana Molina, de la Colectiva Artículo 20, tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer que fue parte de la votación.
(Su fuente) estaba muy nerviosa el día de la votación, porque tenía muchos años sin ver este tipo de documentos y de ejercer su voto. Estaba confundida porque no había un propuesta de acuerdo a las necesidades que ella tenía en prisión”, concluyó la activista.
Por su parte, Rogelio Salgado, de CEA, señaló que la importancia de este primer ejercicio marcará un precedente para las siguientes votaciones presidenciales y señaló que en breve publicarán un documento con las recomendaciones a las autoridades electorales y penitenciarias para garantizar la transparencia y el debido acceso a los derechos políticos de las personas privadas de su libertad.
