Con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacional.
Se espera esté este mismo jueves llegue al Senado para su discusión.
Tras una ronda de intervenciones a favor y en contra, fue avalada la iniciativa que busca fortalecer la administración de las aguas nacionales, y considera más de 50 modificaciones para responder a las demandas de las organizaciones campesinas.
#ALMOMENTO | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. pic.twitter.com/h74fnrJsSn
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2025
¿Qué propone la Ley de Aguas?
Es necesario mencionar que las inaciativas de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan garantizar que todas las personas puedan gozar del derecho humano al agua y, para ello, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a dicho recurso.
Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puntualizó que la Ley General de Aguas busca que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país.
De igual manera, expuso que se generará un nuevo Registro de Agua Nacional Público con el objetivo de dar mayor transparencia en las concesiones que se tienen otorgadas a lo largo y ancho de México, para saber quiénes son los que se están beneficiando y cuál es el volumen de agua que poseen por dichas concesiones.
La nueva ley también endurece las sanciones contra quienes usen el agua de forma distinta a la concesionada, la transfieran ilegalmente, la desvíen de sus cauces y castiga el soborno en las concesiones con penas que van de los tres meses y hasta los ocho años de cárcel y sanciones de más de tres millones de pesos.