Familias desalojadas del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, anunciaron que presentarán una iniciativa ciudadana para reformar el Artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la capital, con el propósito de evitar desalojos que vulneren los derechos.
Las 19 familias afectadas reconocieron la iniciativa que presentó a principios de octubre la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para reformar las leyes en materia de desalojos, aunque explicaron que su propuesta busca complementarla, ya que actualmente solo existen leyes generales sin mecanismos específicos de protección.
Recordaron que en febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías, que incluía el Artículo 60, el cual establecía medidas de protección para personas de escasos recursos, garantizando su reubicación y que el desalojo fuera la última opción, además de contemplar avisos anticipados y un juicio previo.
Sin embargo, cuatro meses después, el artículo fue modificado, eliminando las protecciones a los derechos humanos de las personas desalojadas. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México mantiene una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir dichas garantías.
“Tenemos una gran contradicción. La Constitución dice una cosa, pero las leyes inferiores no establecen cómo se garantiza. Incluso hay normas que permiten vulnerar el derecho a la vivienda, como ocurrió en Cuba 11. Nos enfrentamos a una normativa muy vieja, no diseñada conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló Salvador, abogado de las familias desalojadas.
También recordaron que existía un protocolo para desalojos con enfoque de derechos humanos, publicado en 2019 por el Poder Judicial de la Ciudad de México, pero que fue dejado sin efectos por el propio Poder Judicial.
En diversos momentos, diputados locales de Morena han intentado reformar la ley para recuperar el texto original del Artículo 60, aunque hasta ahora la iniciativa no ha prosperado.
Las familias denunciaron que el llamado “cártel inmobiliario” mantiene influencia sobre el Poder Judicial y el Legislativo, lo que ha impedido el avance de las reformas.