Un operativo policiaco en dos favelas de Río de Janeiro, Brasil, contra la banda criminal “Comando Vermelho”, dejó un saldo de 132 muertos, entre ellos cuatro policías.
Las autoridades desplegaron 2 mil 500 policías y soldados apoyados con drones, helicópteros y vehículos blindados.
Detuvieron a 113 personas, decomisaron paquetes con droga y armamento de grueso calibre.
Entre sollozos, los residentes recogieron los cuerpos de sus familiares, vecinos y vecinas.
“El gobierno realizó esta masacre, tiene que pagar por ello. No pueden destruir tantas vidas, tantas familias, y salir impune”, expresó Elieci Santana.
Un sacerdote de Brasil, declaró que “es duro ver tanto sufrimiento, no podemos permitir que se oculte”.
Tras el operativo, cientos de personas protestaron.
Acusan al gobierno de Río de Janeiro, del derechista Claudio Castro, de no promover políticas para dar oportunidades a los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia.
“¿Qué clase de operación es esta? ¿Han introducido algún programa deportivo, educativo, algo para mejorar la vida de los jóvenes? ¡No han hecho nada!, esto es político y los cuerpos son de nosotros, del pueblo pobre”, declaró Taua Brito familiar de una de las víctimas.
El Tribunal Supremo de Brasil citó al gobernador de Río de Janeiro a declarar en una audiencia judicial el próximo lunes para que explique detalles del operativo.
El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva dijo que no estaba informado.
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
“El presidente Lula quedó consternado por el número de muertos en Río de Janeiro. También le sorprendió que una operación de esta magnitud se realizara sin el conocimiento ni la participación del gobierno federal”, declaró el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski.
La ONU exigió una investigación “rápida y efectiva”.