El Gobierno Federal va con todo en el combate a las factureras y la defraudación fiscal para retomar las riendas de la recaudación que descuidaron las administraciones pasadas, afirmó el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda.
- Indicó que se prepara la integración de siete querellas contra factureras, empresas dedicadas a emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, por la presunta defraudación de 20 mil millones de pesos.
Carlos Romero afirmó que si se erradican las factureras, se elimina en gran medida el cáncer de la corrupción en la administración pública.
Yo si he hablado de que si se acaba con las facturas estaríamos acabando con el instrumento para desviar recursos públicos, se resolvería el tema de la corrupción, porque técnicamente no tendrías manera alguna de poderlos desviar”, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación
La Procuraduría Fiscal tiene detectadas cerca de 9 mil factureras. Al año estas empresas ilegales defraudaban cantidades millonarias a las arcas públicas.
Al año estas empresas defraudaban más de 500 mil millones de pesos. Estas cantidades han ido disminuyendo, porque se ha inhibido el consumo de estas facturas Y vamos a seguir peleando contra ellos”, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación
El procurador fiscal dijo que se investiga la actuación de exservidores públicos para determinar si participaron en este esquema fraudulento.
Estamos también llevando a cabo un tipo de revisión y de verificación en los casos donde consideramos que puede haber habido involucrados funcionarios de administraciones anteriores, del sexenio pasado en específico, donde si pudieron haber participado en este esquema de factureros”, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación
El procurador fiscal aclaró que no se trata de ejercer terrorismo fiscal, sino de llevar a la cárcel a quienes encabezan estas organizaciones criminales.
Los contribuyentes tienen posibilidades de resarcir sus fallas, afirmó.
Si ellos pagan espontáneamente sus contribuciones no habría delito alguno que perseguir”, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación
Se considera que un contribuyente comete un delito fiscal grave cuando utiliza documentos y datos falsos para obtener devoluciones y acreditamientos, el que declara pérdidas inexistentes y que la omisión en la que incurre sea mayor a 7.8 millones de pesos.
La sanción va de 3 meses a 13.5 años de cárcel; aunque procede el perdón de las autoridades, si se paga el monto defraudado, según el Código Fiscal de la Federación.
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