La población de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes, expuso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.
En un informe presentado al Consejo de Derechos humanos, Bachelet indicó que el gobierno ha promovido políticas sociales a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género, “sin embargo, persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales”.
Y añadió que las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.
Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”, dijo en el informe.
En concreto y a pesar de las excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil.
La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud”, indica el reporte, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre el 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Por todo ello, Bachelet reiteró sus anteriores llamamientos para que se levanten las sanciones en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población.
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