Una iniciativa del primer ministro provincial, Francois Legault, en la ciudad canadiense de Quebec, para imponer un impuesto a las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19.
La propuesta considera imponer un impuesto especial por “las consecuencias” que supone para el sistema sanitario provincial el coste de la atención a pacientes que se han negado a recibir las vacunas.
Legault afirmó en una rueda de prensa que la actitud de los antivacunas tiene “consecuencias” para el sistema sanitario y no es justo que el resto de los quebequeses tengan que pagar por su negativa.
Esta idea surge pocos días después de que el ministro de Sanidad de Canadá, Jean-Yves Duclos, declaró que las provincias canadienses tienen que plantearse hacer obligatoria la vacunación contra COVID-19.
Los negacionistas ponen una carga muy importante en el sistema sanitario y que es normal que la mayoría de la población exija una respuesta a su actitud”, señaló Francois Legault.
En las últimas semanas, el rápido aumento del número de casos de COVID-19 por la variante Ómicron ha provocado la saturación de los sistemas sanitarios del país.
La presión sobre el sistema sanitario forzó este martes a la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, a permitir que 300 profesionales sanitarios con titulaciones extranjeras puedan trabajar en hospitales.
Este personal se sumará otros 5 mil 700 trabajadores extra, entre ellos estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y otros estudiantes de programas sanitarios, que serán contratados en las próximas semanas para intentar aliviar la presión.
Según la autoridades, aunque solo 10% de la población de Quebec no está vacunada contra la pandemia, estas personas representan 50 % de los pacientes ingresados en hospitales.
La atención necesaria para tratar a estos pacientes ha provocado que algunos hospitales de Montreal hayan empezado a posponer cirugías para personas que sufren cáncer o problemas cardíacos.
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