La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló una serie de recomendaciones al Estado de Colombia por los graves ataques de funcionarios contra manifestantes en las jornadas de protesta que iniciaron desde el 28 de abril.
En particular resaltaron las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y la libre protesta social.
En los antecedentes se presentaron los descontentos que proveen la protesta, resaltaron la desigualdad en la distribución de la riqueza, la pobreza extrema y el nulo acceso a derechos económicos y sociales como la educación, trabajo y salud.
Se han registrado en cifras oficiales que hasta el 24 de junio (fecha que terminó la visita de la Comisión) hubo 12 mil 242 jornadas de protestas, de las cuales 89% no registraron hechos de violencia. Lo que indica que la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Aun cuando los reportes oficiales indican que solo 11% de las movilizaciones derivaron en disturbios y situaciones violentas, la CIDH señaló que hubo graves violaciones a los derechos humanos.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora de Colombia, destacó que existe “un clima de polarización con discursos estigmatizantes que afectan el debate público. Pero es más preocupante cuando estos discursos vienen de autoridades públicas. Las principales violaciones que registró la Comisión fueron el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género o en la discriminación racial y étnica, la violencia contra periodistas y médicos”.
También remarcó que existen registros de violaciones al derecho a la vida y la integridad física ya que en su investigación registraron 3 mil 274 personas que fueron detenidas durante las protestas. Pero existe el reporte de 783 personas no ubicadas y 84 personas reportadas como desaparecidas.
Ofrecieron la comparativa de las cifras oficiales contra las de organizaciones civiles, pues según el Estado colombiano 54 ciudadanos fueron asesinados hasta el 24 de junio; mientras que la sociedad civil contó 84 personas víctimas de homicidio.
De manera oficial se reportaron mil 106 civiles lesionados; las organizaciones registraron mil 790 personas heridas, de las cuales 84 son víctimas de lesiones oculares.
La Comisión recibió casos del uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y la asistencia militar de forma inadecuada, así como la el uso de la jurisdicción penal militar. Bajo ese régimen se realizaron más de 7 mil 020 detenciones de personas, de las cuales se obtuvieron registros de tratos crueles que podrían configurar tortura durante el llamado “Traslado por protección”, con el que detienen a los manifestantes para llevarlos presos.
Los casos relacionados a violaciones cometidas por las policías, fueron sometidas a la justicia penal militar porque se encueran dentro de la noción de “actos de servicio”. La justicia castrense informó que se abrieron 12 investigaciones por presunto homicidio y nueve por lesiones personales, esto en contra de la Policía Nacional.
En sus recomendaciones al Estado colombiano destacaron separar a la policía del fuero militar a fin de garantizar una estructura de respeto a los derechos humanos.
También recomendaron promover y reforzar un proceso nacional de diálogo con enfoque territorial que permita la escucha de todos los sectores.
La Comisión instó a respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la reunión pacífica y a la participación política de todos los ciudadanos, adoptando medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las autoridades del Estado, realizando investigaciones exhaustivas de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, así como sancionar a los responsables y reparar el daño de las víctimas.
La presidenta Antonia Urrejola condenó las violaciones a los derechos humanos y manifestó su solidaridad a todas las víctimas en las protestas y con sus familiares.
“El reconocimiento y la reparación del daño serán imprescindibles para brindar un contexto de reconciliación del Estado de Derecho que tiene Colombia. La protesta social está protegida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y se debe ver como una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia en Colombia”.
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